El Departamento de Justicia de EE.UU. imputa delitos electorales a 28 residentes permanentes sin derecho a voto en California

WASHINGTON

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó delitos electorales a 28 residentes permanentes de California que no tienen derecho a voto. El Departamento anunció el 19 de octubre (hora local) que agentes federales detuvieron a 11 ciudadanos extranjeros en distintos puntos de California y que presentó denuncias penales (criminal complaint) contra 28 personas, entre ellas esas 11. Las imputaciones incluyen fraude en el registro de votantes, declaraciones falsas en solicitudes de naturalización y voto de no ciudadanos. Los 28 imputados figuran en la lista de más de 20.000 «votantes registrados presuntamente no ciudadanos» que el Gobierno federal entregó al estado de California el día 13. California rechazó la petición federal de revisar esa lista y el Departamento de Justicia demandó al Gobierno estatal ante un tribunal federal el día 15. Las imputaciones llegan quince días antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Cuatro fiscalías federales de California detienen a 11 personas en la «Operación Proteger el Voto»

El Departamento de Justicia explicó que las detenciones forman parte de la «Operación Proteger el Voto» (Operation Protect the Vote). En la operación participan las cuatro fiscalías federales de distrito de California, la Central, la Este, la Norte y la Sur, con el objetivo de erradicar el fraude en las elecciones estadounidenses y proteger su integridad.

Por fiscalías, el distrito Central imputó a 13 personas, el Este a 6, el Norte a 5 y el Sur a 4. Estaba previsto que los acusados comparecieran por primera vez ante un tribunal federal ese mismo día.

Los 28 acusados son todos residentes permanentes legales (LPR), los llamados «titulares de la tarjeta verde». El Departamento de Justicia afirmó que «los residentes permanentes tienen estatus legal en Estados Unidos, pero no son ciudadanos estadounidenses y no pueden votar en las elecciones de Estados Unidos», y señaló que la mayoría de ellos votó con papeletas obtenidas mediante un registro fraudulento.

Los 28 imputados proceden de 14 países y algunos votaron en varias ocasiones

Los acusados tienen nacionalidades de 14 países. Los mexicanos son el grupo más numeroso, con 9; les siguen guatemaltecos y filipinos, con 3 cada uno, e indios y canadienses, con 2 cada uno. Hay un acusado de cada uno de estos países: El Salvador, Belice, Camboya, Honduras, Pakistán, Georgia, Birmania, Tonga y Ecuador. Sus edades van de los 30 a los 72 años.

El acusado de más edad en el caso de la fiscalía del distrito Central es Omar Alexander Muñoz, de 72 años, natural de Belice y vecino de Commerce. Según el Departamento de Justicia, Muñoz se registró como votante en 2019 y votó en las elecciones de 2020 y 2024 y dos veces en las de 2022, y se le acusa además de hacer declaraciones falsas en sus documentos de naturalización. Butleng Taing, de 43 años, natural de Camboya y vecino de Long Beach, se registró en julio de 2021, votó en 2022 y 2024 y está acusado de presentar documentos de naturalización falsos en agosto de 2025. Ernest Gutiérrez Ruvalcaba, de 57 años, natural de México y vecino de Wilmington, se registró en febrero de 2024 y votó un mes después.

Buena parte de los acusados por la fiscalía del distrito Este votó en varias ocasiones. Maricela Nazarín González, de 43 años, natural de México y vecina de Clovis, se registró en 2020 alegando ser ciudadana y votó en 2022 y 2025 y dos veces en 2024. Camino Giles Jiménez, de 51 años, natural de México y vecino de Kerman, votó en tres elecciones, la más reciente las primarias de junio de este año. Juan Antonio Rivas García, de 46 años, natural de México y vecino de Sacramento, se registró en 2018 y 2020 declarando bajo juramento que era ciudadano y votó en 2022 y 2024. Kamlesh Navnitlal Shah, de 67 años, natural de la India, y Giezell Viduya Adawag, de 41 años, natural de Filipinas, están acusados de registrarse el mismo día de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 y votar de inmediato.

Los 4 acusados por la fiscalía del distrito Sur están acusados de registrarse como votantes y votar en las presidenciales de noviembre de 2024, y en 3 de los casos consta que se registraron alegando falsamente tener la ciudadanía. A todos ellos se les imputa también haber hecho declaraciones falsas en la entrevista o en la solicitud de naturalización. Los 5 acusados por la fiscalía del distrito Norte se registraron entre 2022 y 2024 y votaron después, y están acusados de hacer declaraciones falsas en el proceso de naturalización o de intentar obtener la naturalización de forma fraudulenta.

Las declaraciones falsas en la naturalización y el fraude en el registro conllevan hasta cinco años de prisión

Los 13 acusados de la fiscalía del distrito Central afrontan cargos de delito grave (felony). Las imputaciones de declaraciones falsas relacionadas con la naturalización y de alegación falsa de ciudadanía formuladas por las fiscalías del Norte y del Sur también son delitos graves, y en el caso del Norte se añade el cargo de voto de extranjeros, un delito menor. Las declaraciones falsas en documentos de naturalización y el fraude en el registro de votantes se castigan cada uno con hasta cinco años de prisión. La fiscalía del distrito Este imputó a sus 6 acusados el voto de extranjeros, un delito menor (misdemeanor) castigado con hasta un año de prisión. Dentro del caso del Este, la causa contra Shah se presentó no mediante denuncia sino mediante un escrito de acusación (information) que el fiscal formula sin pasar por un gran jurado.

La ley federal prohíbe que los no ciudadanos voten en elecciones federales. La sección 611 del título 18 del Código de Estados Unidos tipifica como delito que un extranjero vote en elecciones para presidente, vicepresidente o miembros de la Cámara de Representantes y del Senado. El apartado (f) de la sección 1015 del mismo código castiga alegar falsamente la ciudadanía estadounidense para votar o registrarse como votante.

La solicitud de naturalización estadounidense (N-400) pregunta: «¿Alguna vez se ha registrado para votar o ha votado en alguna elección federal, estatal o local en Estados Unidos?». Quien ya se haya registrado o haya votado y responda «no» a esa pregunta incurre en una declaración falsa en el proceso de naturalización. Muchos de los 13 acusados del caso del distrito Central afrontan este cargo. Ana Domínguez, de 60 años, natural de El Salvador y vecina de Long Beach, se registró como votante en julio de 2006 y está acusada de presentar documentos de naturalización falsos en marzo de 2026, casi veinte años después.

El Departamento de Justicia señaló que «una imputación es solo una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal más allá de toda duda razonable».

El fiscal general adjunto interino McCotter acusa a California de ignorar la lista de más de 20.000 personas

El fiscal general adjunto interino, Trent McCotter, declaró: «Every illegal vote cancels out the vote of a lawful American citizen» (Cada voto ilegal anula el voto de un ciudadano estadounidense legítimo). Añadió que «los 28 acusados de hoy figuran todos en la lista de más de 20.000 votantes registrados presuntamente no ciudadanos que entregamos la semana pasada a las autoridades electorales de California».

«California refused to look at that list» (California se negó a examinar esa lista), dijo McCotter, quien agregó que «las imputaciones de hoy muestran exactamente lo que esa negativa pone en riesgo». A continuación exigió que «California verifique la ciudadanía de esas más de 20.000 personas antes de escrutar el voto por correo».

Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del distrito Central de California, afirmó que «las detenciones de hoy demuestran lo que venimos diciendo» y que «California envía papeletas a no ciudadanos y se niega a cumplir la ley federal que tipifica como delito el voto de los no ciudadanos». «El derecho de voto de los ciudadanos estadounidenses debe protegerse», subrayó.

John A. Condon, director ejecutivo asociado interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), declaró que «HSI está comprometida con proteger la integridad del proceso electoral investigando los actos delictivos que socavan la confianza pública en las elecciones». Aseguró que seguirá persiguiendo, en colaboración con las fuerzas del orden federales, estatales y locales, a quienes violen a sabiendas la ley federal, y que todas las investigaciones se llevarán a cabo de forma imparcial, exhaustiva y con respeto al debido proceso.

El Gobierno federal demanda a California con una lista elaborada por USCIS y HSI

Antes de las 28 imputaciones, el Departamento de Justicia presentó el día 15 una demanda contra el estado de California (causa n.º 2:26-cv-12025) ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California. Los demandados son el estado de California, la secretaria de Estado, Shirley N. Weber, responsable de las elecciones del estado, y Dean C. Logan, registrador de votantes y secretario del condado de Los Ángeles. Weber y Logan fueron demandados en su calidad oficial.