El Tribunal Supremo de EE. UU. rechaza restablecer el acuerdo que evitaba la pena de muerte a Jalid Sheij Mohamed, cerebro del 11-S
WASHINGTON
El Tribunal Supremo de Estados Unidos no admitió el día 19 (hora local) el recurso que pedía restablecer el acuerdo de declaración de culpabilidad que evitaba la pena de muerte a Jalid Sheij Mohamed (Khalid Shaikh Mohammad), acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre. En la lista de órdenes publicada ese día, el Supremo rechazó tanto el recurso presentado conjuntamente por Mohamed y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi (26-13) como el presentado por separado por Walid bin Attash (25-1335). Queda así en pie de forma definitiva el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia que consideró legal que el entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, retirara en agosto de 2024 el acuerdo que la autoridad convocante de la comisión militar había firmado con los tres. El juicio ante la comisión militar de Guantánamo continúa con la posibilidad de que la fiscalía pida la pena de muerte.
El Supremo rechaza a la vez los recursos de Mohamed y Al Hawsawi y de Bin Attash
Ambos casos figuraron uno junto al otro en el apartado "CERTIORARI DENIED" de la lista de órdenes del Supremo del 19 de octubre. La entrada del caso Mohamed incluía la fórmula "The petition for a writ of certiorari is denied" junto con la nota "Justice Kavanaugh took no part in the consideration or decision of this petition". El caso de Bin Attash no lleva esa nota. El Supremo no explicó los motivos del rechazo. En las entradas de ninguno de los dos casos figura un voto discrepante.
El juez Kavanaugh tampoco había participado el 29 de junio cuando el Supremo aceptó la solicitud de la defensa de Mohamed de presentar parte de los anexos bajo reserva. El expediente no indica el motivo de su no participación.
El examen de ambos recursos se aplazó dos veces. Según el expediente, los dos casos se asignaron a la conferencia a puerta cerrada del 28 de septiembre, pero se cambió la fecha; se volvieron a asignar a la conferencia del 9 de octubre y se aplazaron de nuevo. Los dos casos se asignaron otra vez a la conferencia del 16 de octubre y fueron rechazados el 19.
El representante de Mohamed y Al Hawsawi es el abogado Michel Paradis, del bufete Steptoe. La defensa de Bin Attash corre a cargo del abogado Xiao Wang, de la Clínica de Litigación ante el Tribunal Supremo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Por parte del Gobierno, el procurador general del Departamento de Justicia, D. John Sauer, presentó el escrito de contestación.
El acuerdo incluía la declaración de culpabilidad por todos los cargos a cambio de renunciar a pedir la pena de muerte
Según la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, los atentados del 11 de septiembre "killed 2,976 people". Según el recurso de Mohamed y Al Hawsawi, ambos fueron capturados en marzo de 2003 y permanecieron unos tres años y medio recluidos e incomunicados en instalaciones secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 y comparecieron para la lectura de cargos ante la comisión militar el 5 de junio de 2008.
Las negociaciones del acuerdo las inició el Gobierno en marzo de 2022. El recurso de Bin Attash indicó que las negociaciones se prolongaron durante "27 meses". Los tres acusados firmaron el 29 y el 30 de julio de 2024 los acuerdos y las declaraciones de hechos en las que admitían los delitos. La autoridad convocante de la comisión militar, la general de brigada retirada del Ejército Susan Escallier, aceptó los acuerdos el 31 de julio.
Según la sentencia de apelación, los acusados se comprometieron a declararse culpables de "all charges and specifications". A cambio, el Gobierno se comprometió a no pedir la pena de muerte. Los acusados aceptaron responder a las preguntas de los familiares de las víctimas en una vista pública de determinación de la pena, renunciar a todas las mociones renunciables y retirar las pendientes. También renunciaron a la apelación que pasa automáticamente al Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares. La pena la fijarían los miembros de la comisión militar, que hacen las veces de jurado.
El recurso de Bin Attash señaló que el acuerdo incluía además cláusulas por las que no obtendrían beneficios económicos o materiales de los delitos, no se sumarían a demandas de indemnización contra Estados Unidos y no apoyarían actos hostiles contra Estados Unidos. El coacusado en el mismo caso Ali Abdul Aziz Ali (Al Baluchi) no firmó ningún acuerdo.
El entonces secretario de Defensa Austin ordenó la retirada dos días después de la aprobación de los acuerdos
El entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, retiró los acuerdos el 2 de agosto de 2024 mediante un memorando dirigido a la autoridad convocante Escallier. En el memorando, citado en la sentencia de apelación, Austin afirmó que, "in light of the significance of the decision to enter into pre-trial agreements", la "responsibility for such a decision should rest with me as the superior convening authority". Austin revocó la facultad de suscribir acuerdos que había delegado en la autoridad convocante y retiró los acuerdos.
La cuestión clave era el momento. La regla 705(d)(4)(B) de las Reglas para las Comisiones Militares (R.M.C.) establece que la autoridad convocante puede desvincularse de un acuerdo "at any time before the accused begins performance of promises contained in the agreement". La defensa sostuvo que la firma de las declaraciones de hechos, la aceptación de los memorandos complementarios (Letterhead Memoranda) y el hecho de no interrogar a testigos en la vista del 1 de agosto constituían el inicio del cumplimiento. El Gobierno replicó que en el momento de la retirada no había comenzado el cumplimiento.
Según el escrito de contestación del Departamento de Justicia, la Ley de Comisiones Militares (10 U.S.C. 948h) define a la autoridad convocante como "el secretario de Defensa o un oficial o funcionario de Estados Unidos designado por el secretario de Defensa para ese fin". El artículo 949a(a) de la misma ley otorga al secretario de Defensa amplias facultades para establecer los procedimientos previos al juicio, del juicio y posteriores al juicio. El escrito señaló en una nota a pie de página que el actual secretario utiliza también el título de "secretario de Guerra" (Secretary of War).
El juez de la comisión militar y el tribunal de revisión concluyeron que la retirada llegó demasiado tarde
El juez de la comisión militar, que actúa como primera instancia, el coronel de la Fuerza Aérea Matthew McCall, dio la razón a la defensa el 6 de noviembre de 2024. En su resolución, McCall afirmó que no encontraba fundamento legal que permitiera al secretario de Defensa "withdraw" las facultades de la autoridad convocante Escallier. McCall consideró que, aun si el secretario tuviera esa facultad, "the Secretary's new power would only be effective prospectively, not retroactively".
McCall consideró que "Mr. Mohammad, Mr. bin 'Attash, and Mr. Hawsawi all began performance". La resolución concluyó que "the three PTAs remain valid and are enforceable" y anunció que fijaría un calendario de vistas para el procedimiento de declaración de culpabilidad.
El Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares (CMCR) confirmó el 30 de diciembre de 2024 la resolución de McCall. El escrito del profesor Vladeck señaló que el tribunal de revisión confirmó la resolución por unanimidad. El Gobierno solicitó un mandamus al Tribunal Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia. El tribunal de apelaciones suspendió temporalmente el 9 de enero de 2025 el procedimiento en la instancia inferior y celebró la vista oral el 28 de ese mismo mes.
El tribunal federal de apelaciones avala por 2 votos a 1 la legalidad de la retirada del secretario de Defensa
El tribunal de apelaciones estimó el 11 de julio de 2025 la petición del Gobierno. La opinión mayoritaria la redactaron conjuntamente las juezas Millett y Rao, y el juez Wilkins emitió una opinión en parte concurrente y en parte discrepante. La opinión mayoritaria señaló que la Ley de Comisiones Militares establece que el secretario de Defensa es "the superior convening authority". La mayoría consideró que "The Secretary's power to delegate his convening authority in part necessarily includes the power to withdraw a delegation in part".
La opinión mayoritaria rechazó una a una las pruebas de cumplimiento esgrimidas por la defensa. Consideró que el compromiso de no interrogar a testigos "appears nowhere in the agreements' text". Respecto a haber dejado las mociones sin retirar, afirmó que "silent inaction is not performance of that promise". Consideró que las declaraciones de hechos no podían fundamentar el cumplimiento porque se firmaron antes de que se perfeccionaran los acuerdos. El tribunal de apelaciones anuló la resolución de McCall del 6 de noviembre de 2024 e impidió que la comisión militar celebrara vistas de declaración de culpabilidad conforme a los acuerdos retirados. La opinión mayoritaria señaló que la acusación debe proceder "according to the Secretary's best judgment".
En su voto discrepante, Wilkins escribió: "The accused clearly and indisputably began performance of at least three of the many promises they made". "The government has not come within a country mile of proving clearly and indisputably that the Military Judge erred", añadió.
Según la fiscalía de la comisión militar, el tribunal de apelaciones dispuso que la orden de suspensión del procedimiento en la instancia inferior se levantara a los 21 días, y la sentencia surtió efecto el 1 de agosto de 2025, al terminar la suspensión.