La «reducción del 54,9 % en trámites para nuevas empresas» incluye documentos ya compartidos, mientras las condiciones empresariales caen al puesto 53 en el IMD

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En la cifra de reducción anunciada por el gobierno, que prevé eliminar, eximir o simplificar 2.756 trámites administrativos (un 54,9 %) exigidos a las empresas emergentes (startups), se incluyeron documentos que ya se comparten a través del sistema de uso compartido de información administrativa. El Ministerio de Pymes y Startups y la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales presentaron el «Plan de Racionalización Regulatoria para Empresas Emergentes» y el plan de rediseño de documentos administrativos para startups en la segunda reunión plenaria de la Comisión de Racionalización Regulatoria de la Presidencia, celebrada el 23 de octubre en la Casa de Huéspedes de Estado de Cheong Wa Dae y presidida por el presidente Lee Jae-myung. En dicho encuentro, explicaron que acelerarían la «transición hacia la era del emprendimiento nacional» mediante diez tareas, entre ellas una excepción especial que amplía el período de apoyo a startups hasta por cinco años para fundadores cuya gestión se haya visto interrumpida por el servicio militar o el parto. El plan citó como trasfondo que el país ocupa el «puesto 32 en entorno empresarial»; no obstante, la posición de Corea del Sur en condiciones para los negocios cayó del puesto 50 al 53 en la evaluación del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD) difundida en junio por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La cifra de reducción de 2.756 documentos incluye también trámites que ya se compartían

La explicación del gobierno publicada en Policy Briefing señaló que «de los 5.021 documentos administrativos que deben presentar las empresas emergentes, se eliminarán, eximirán o simplificarán 2.756 trámites (el 54,9 %), incluidos aquellos ya compartidos mediante el uso compartido de información administrativa». El propio ejecutivo reconoció que los documentos de uso compartido estaban computados en la cifra de reducción. Con todo, los únicos datos numéricos aportados en los documentos gubernamentales fueron tres: el universo de 5.021, la suma total de 2.756 y la proporción del 54,9 %. La parte correspondiente a los documentos compartidos y el desglose de las tres vías —supresión, exención y simplificación— quedaron agrupados en una sola cifra total.

Se presentaron tres modalidades de reducción. Se suprimirán los documentos que no influyan en la selección de operadores comerciales, se unificarán los trámites similares o redundantes, y se graduará la exigencia de presentación en función del plazo y del nivel de riesgo. Los formularios de consentimiento y declaraciones juradas se sustituirán por conformidades electrónicas mediante casillas de verificación en línea. Entre los ejemplos citados figuran la eliminación del requisito de presentar los datos personales del representante al solicitar la admisión en la «Academia de Startups de K-Food» del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, y la exención de entregar seis documentos —como el Certificado de Estados Financieros Estándar y la Confirmación de Pequeña y Mediana Empresa— al solicitar el ingreso en el Centro Global Game Hub del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Los anuncios de reducción documental se sucedieron dos veces en un margen de cuatro días. El Ministerio del Interior y Seguridad anunció el 19 de octubre que había «simplificado los documentos de entrega para 1.658 servicios administrativos en ministerios centrales y administraciones locales», dando la simplificación por «concluida». La herramienta empleada fueron «redes informáticas como el uso compartido de información administrativa y Public MyData», mientras que entre los destinatarios de la reducción se señalaron «servicios con impacto directo en los ciudadanos, como los dirigidos a pequeños comerciantes y autónomos, personas con discapacidad, ancianos, colectivos vulnerables y bonificaciones de tarifas cotidianas». Los resultados destacados por dicha cartera fueron 1.658 servicios y «más de 100 millones de consultas acumuladas de información desde 2024». Entre los servicios simplificados, la cuota correspondiente a entidades locales (ciudades, condados y distritos) ascendió al 55,6 %, y el ministerio afirmó que prevé continuar «promoviendo de forma constante la simplificación documental mediante la búsqueda activa de nueva información susceptible de uso compartido y la ampliación del uso de redes informáticas». El Ministerio del Interior y Seguridad hizo hincapié en 1.658 servicios, mientras que el Ministerio de Pymes y Startups y la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales pusieron el foco en 2.756 documentos. Aunque ambos anuncios situaron el uso compartido de información administrativa como eje central, con las cifras ofrecidas por cada entidad resulta imposible determinar qué parte de los trámites dirigidos a empresas se solapan entre sí.

Las diez tareas requieren modificar decretos y convenios para llegar a aplicarse en el terreno

Las tareas de racionalización regulatoria para startups presentadas por el Ministerio de Pymes y Startups suman un total de diez medidas distribuidas en tres bloques. El primer paquete se centra en la mejora de los baremos de apoyo al emprendimiento. En caso de interrupción en la gestión por servicio militar o maternidad del representante, se creará una excepción especial que permitirá recibir respaldo hasta por cinco años adicionales, sumados a los siete años de antigüedad que la Ley de Apoyo a la Creación de Pequeñas y Medianas Empresas contempla para definir a una empresa emergente. A las startups con menos de tres años de actividad, a la hora de optar a proyectos públicos de investigación y desarrollo (I+D), no se las descartará de entrada aplicando criterios de solvencia financiera como el ratio de endeudamiento o el deterioro de capital, sino que dichos baremos se trasladarán a la fase de evaluación y selección. Por su parte, las empresas surgidas del modelo de estudio de capital riesgo (venture studio) serán reconocidas como startups incluso si una aceleradora (AC) ostenta una participación accionarial del 50 % o superior.

El segundo bloque aborda las finanzas y la inversión. Establece la homogenización de directrices conjuntas para que las condiciones de desbloqueo de las cuentas con operativa restringida aplicadas a startups tempranas sean equivalentes en todas las entidades bancarias, incorporando como acreditación para el levantamiento de límites la validación por organismos de solvencia, como el historial de selección en programas públicos de ayuda. Para los fondos subordinados participados por el Fondo de Fondos, se reformarán los convenios marco para permitir ampliar su vigencia con un determinado porcentaje de adhesión de los inversores, prescindiendo del requisito actual de consentimiento unánime. El número de tipos de entidades inversoras computables para certificar empresas de capital riesgo (venture) pasará de 21 a 23. En las evaluaciones múltiples para el acceso a cotización bajo el régimen especial de tecnología, se unificarán los modelos de presentación y se estandarizarán los formularios entre las firmas evaluadoras.

El tercer bloque está dedicado a las segundas oportunidades. Se extenderá a toda la administración el sistema de evaluación de gestión diligente (régimen de «fracaso de buena fe») y sus criterios se reformularán para «poner el foco en la diligencia (esfuerzos para salir adelante)». Se enmendará el Decreto de Aplicación de la Ley de Apoyo a la Creación de Pequeñas y Medianas Empresas a fin de que también se reconozca como emprendimiento el inicio de una segunda actividad autónoma en un sector diferente por parte de una persona física, o la constitución por parte del directivo de una sociedad existente de una mercantil en la que ostente en solitario más del 50 % de las participaciones. Asimismo, se creará un «(nombre provisional) Certificado de Trayectoria de Desafío y Emprendimiento», en el que constarán la carrera previa del representante corporativo y sus etapas de preparación para el negocio.

Para que estas directrices entren en vigor en el plano práctico, deberán modificarse sucesivamente el Decreto de Aplicación de la Ley de Medidas Especiales para el Fomento de Empresas de Capital Riesgo, el Decreto de Aplicación de la Ley de Apoyo a la Creación de Pequeñas y Medianas Empresas, las directrices operativas del régimen de evaluación técnica especializada y los convenios tipo del Fondo de Fondos. En cuanto a la cláusula de fracaso de buena fe, el ministerio matizó que «se aplicará en primer lugar de manera integral a los programas del Ministerio de Pymes y Startups» y que su extensión a otros ministerios se articulará mediante consultas interdepartamentales. En cuanto a la homologación de las sociedades gestoras de activos como entidades inversoras reconocidas, la iniciativa permanece aún en la fase de «estudiar su apertura progresiva en el futuro».

El gobierno prioriza el alivio por parones derivados de maternidad y servicio militar y el apoyo a segundas oportunidades

El gobierno justificó este paquete de medidas como una respuesta a trabas injustificadas en la realidad empresarial. El Ministerio de Pymes y Startups admitió que hoy en día, «incluso cuando se producen vacíos inevitables en la gestión por servicio militar o maternidad del representante, no existen excepciones en el cómputo de los años de actividad», lo que expulsa a estas firmas de las convocatorias de apoyo. Policy Briefing señaló que la excepción persigue reducir las cargas que afrontan las jóvenes emprendedoras por maternidad y favorecer la creación temprana de negocios antes de cumplir con las obligaciones militares. La discriminación que suponía quedar «excluidas de las ayudas» por contar con un 50 % o más de capital en manos de aceleradoras, así como la imposibilidad técnica de consultar la experiencia previa de los administradores societarios, fueron también señaladas de forma directa por el ejecutivo como motivos de la reforma.

El Ministerio de Pymes y Startups apuntó a otras deficiencias del régimen actual. Las exigencias de solidez financiera para participar en programas de I+D pública difieren de un ministerio a otro, y en el sistema de cotización especial tecnológica las empresas se ven forzadas a duplicar expedientes para cada evaluador dado que «los requisitos documentales y los parámetros de evaluación difieren entre entidades». Del mismo modo, las inversiones realizadas a través de sociedades de inversión financiera e instituciones de inversión colectiva ordinarias no computaban como historial válido para la acreditación como empresa de capital riesgo. El gobierno explicó que también se corregirá el criterio por el cual emprender en un sector distinto al de un negocio previo «quedaba excluido de la consideración de nueva empresa si se interpretaba como una continuación o ampliación de la actividad anterior». El ejecutivo consideró que tales parámetros eran «rígidos y uniformes», bautizando con este problema al primer paquete de modificaciones.

También se articularon mecanismos permanentes para rastrear normativas restrictivas. El Ministerio de Pymes y Startups declaró que «detectará con amplitud las regulaciones que obstaculizan la creación de empresas» a través de la red de innovación regulatoria con asociaciones empresariales privadas y el filtrado normativo previo del «Proyecto Emprendimiento para Todos». Dentro de la Comisión de Racionalización Regulatoria, se constituirá un nuevo «Comité de Innovación Regulatoria para Empresas Emergentes y de Capital Riesgo», que reunirá a expertos privados y ministerios implicados, al tiempo que se ampliarán canales de prueba operativa como los proyectos conjuntos de validación regulatoria de startups y las zonas especiales metropolitanas exentas de regulación.

El presidente Lee afirma que también importa «cuánta inversión, empresas y empleo» se crearon

El presidente Lee Jae-myung manifestó durante el encuentro: «Aquellas regulaciones incómodas, desfasadas o que obstaculizan el avance de las nuevas tecnologías y las industrias emergentes deben reformarse con rapidez y firmeza». En su intervención de apertura, recalcó que «la racionalización regulatoria constituye una tarea ineludible para forjar una República de Corea irremplazable». Respecto a la actividad emprendedora, aseveró: «La era del emprendimiento nacional supone una oportunidad de éxito para cualquiera que disponga de ideas innovadoras y, en clave estatal, permite cosechar los frutos del crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo», puntualizando no obstante que «al intentar fundar una empresa, surgen dificultades derivadas de la falta de información, la complejidad normativa y la cantidad de documentos exigidos». Añadió: «Resulta imperativo desmantelar con determinación las regulaciones rutinarias y accesorias concebidas por mera conveniencia burocrática». Al mismo tiempo, subrayó: «Las normas orientadas a velar por la vida, la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos, así como a afianzar la equidad y la transparencia, son absolutamente necesarias».

El mandatario fijó asimismo un criterio directo para cuantificar los avances. «Tan relevante como saber cuántas normas se mejoraron es determinar cuánta inversión, cuántas empresas y cuántos puestos de trabajo se consiguieron generar gracias a esos cambios regulatorios», incidió. En el paquete para empresas emergentes elevado a esa misma sesión, los compromisos cuantificables se circunscribieron a ajustes normativos, tales como recortar 2.756 de 5.021 trámites, extender el periodo de respaldo hasta cinco años, fijar en el 50 % el umbral de capital en manos de aceleradoras y ampliar las categorías de entidades inversoras de 21 a 23.

La cita correspondió a la segunda sesión plenaria del organismo, convocada unos seis meses después de la sesión inaugural del 15 de abril. De acuerdo con la convocatoria facilitada por Policy Briefing, figuraban en la lista de asistentes alrededor de cien personalidades: tres vicepresidentes civiles, 25 vocales del sector privado, unos 40 representantes corporativos y expertos temáticos, 17 altos cargos de la administración —incluidos el primer ministro y los titulares y viceministros de las carteras competentes—, además del jefe del Gabinete Presidencial y el director de Políticas de Cheong Wa Dae. El orden del día se articuló en dos bloques. En el bloque relativo al impulso de industrias punteras estratégicas y al crecimiento con liderazgo territorial, la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales expuso el informe sobre las «Líneas de racionalización regulatoria para apuntalar megaproyectos y los motores de crecimiento 5 polos y 3 zonas especiales», presentando soluciones a los escollos normativos en robótica, semiconductores, centros de datos de inteligencia artificial, conducción autónoma y biotecnología. El bloque enfocado en la era del emprendimiento nacional estructuró la exposición del Plan de Racionalización Regulatoria para Empresas Emergentes y del «Plan de impulso y casos destacados de rediseño documental para startups», culminando con un turno de debate libre.

El «puesto 32 en entorno empresarial» carece de fuente, mientras que el balance del IMD del Ministerio de Finanzas sitúa las condiciones de negocio en el puesto 53

La nota oficial del Ministerio de Pymes y Startups argumentó como motivación del plan que «la posición global de nuestro ecosistema emprendedor se mantiene en niveles favorables dentro del top 20 mundial, pero la calidad del entorno empresarial en materia de trámites y regulación (puesto 32) exige reformas». No se aclaró de qué indicador institucional procedía dicho puesto 32 ni a qué ejercicio correspondía. La única referencia dotada de autoría temporal en ese mismo apartado fue un estudio de Startup Alliance de diciembre de 2025 incluido a pie de página. El ministerio utilizó asimismo como respaldo el hecho de que la desregulación figurase en el segundo lugar entre las demandas de reforma señaladas por los emprendedores en esa encuesta.

Las cifras contenidas en los informes de comparación internacional publicados por el propio ejecutivo discrepan de ese diagnóstico. En el Informe de Competitividad Mundial 2026 del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD), difundido el 18 de junio por el Ministerio de Economía y Finanzas, Corea del Sur figuró en el puesto 21 sobre un total de 70 economías, escalando seis peldaños frente al ejercicio previo (27). Sin embargo, en el apartado de eficiencia del sector público se quedó estancada en el puesto 31. Al analizar este aspecto, la cartera de Finanzas precisó: «Se avanzó en política tributaria (del 30.º al 22.º), marco institucional (del 24.º al 21.º) y marco social (del 36.º al 30.º), pero los retrocesos en finanzas públicas (del 21.º al 22.º) y en el entorno para los negocios (del 50.º al 53.º) neutralizaron dichas ganancias».

En el mismo estudio, el renglón de eficiencia empresarial experimentó un salto considerable del puesto 44 al 34. El Ministerio de Economía y Finanzas destacó avances «en todos los subfactores», incluidos productividad y eficiencia (del 45.º al 34.º), mercado de trabajo (del 53.º al 45.º), finanzas (del 33.º al 29.º), prácticas directivas (del 55.º al 49.º) y actitudes y valores (del 33.º al 18.º). La documentación de un comité interministerial del 24 de junio achacó la escalada en eficiencia corporativa a una «percepción más positiva del clima de gestión empresarial» y a la animación bursátil. En el lapso en que la eficiencia del sector privado subió diez puestos, la eficiencia de las instituciones públicas no pasó del puesto 31 y las condiciones normativas para las empresas cayeron tres lugares.

El Ministerio de Economía y Finanzas convocó el 24 de junio el Consejo Consultivo de Políticas de Competitividad Nacional con el fin de desgranar estas conclusiones, situando entre los deberes prioritarios la racionalización normativa y la «mejora de las trabas institucionales que encorsetan a las empresas». Cuatro meses después, la posición alegada por el plan de simplificación para empresas emergentes fue un puesto 32 huérfano de fuente.

La principal demanda de las startups es la financiación, pero las tareas financieras se limitan a retoques en convenios y decretos

En el sondeo de Startup Alliance (diciembre de 2025) citado en la comunicación del Ministerio de Pymes y Startups, la máxima prioridad de acción pública reclamada por el colectivo de empresas emergentes fue la «captación de fondos y fomento de la inversión». En segundo orden demandaban «la flexibilización de regulaciones diversas» y, en tercer lugar, el «apoyo a operaciones de M&A y salidas a bolsa (OPI)». Incluso en la encuesta esgrimida por el gobierno, las urgencias de capital prevalecían sobre la desregulación.

Las cuatro iniciativas financieras y de inversión contempladas en el plan se reducen a unificar pautas bancarias, modificar el convenio marco del Fondo de Fondos, incluir dos tipologías de agentes inversores en el Decreto de Aplicación de la Ley de Capital Riesgo y armonizar los expedientes para salidas al parqué tecnológico. Las cuatro tareas consisten exclusivamente en trámites procesales y ajustes formales. La medida sobre el Fondo de Fondos rebaja el quorum exigido para prorrogar fondos ya operativos, mientras que la única que enlaza con las fusiones, adquisiciones y salidas bursátiles —tercer reclamo del sector— se limita a estandarizar los formularios de calificación. Las únicas cuantías económicas que figuran en el programa son los topes de retirada diaria en cuentas restringidas (1 millón de wones en cajeros, 1 millón en banca electrónica y 3 millones en ventanilla). Dicho régimen impone techos diarios a las cuentas de nueva apertura para mitigar fraudes como las estafas telefónicas (phishing de voz). El Ministerio de Pymes admitió que hoy «los criterios de desbloqueo varían según la entidad y la oficina», comprometiéndose a fijar requisitos «idénticos y predecibles». La rebaja real de estas exigencias solo podrá comprobarse una vez entren en vigor las nuevas pautas bancarias.

La ampliación del «fracaso de buena fe» vuelve a partir de la limitación al Ministerio de Pymes señalada por el gobierno

Al diagnosticar las flaquezas del sistema de «fracaso de buena fe», el Ministerio de Pymes reconoció que su principal debilidad estriba en que «su aplicación está limitada al propio ministerio y a unas pocas entidades adscritas». Pese a ello, la primera etapa de la reforma planteada consiste de nuevo en «aplicarlo prioritariamente de forma íntegra a los proyectos del Ministerio de Pymes», postergando su extensión a los programas de otros ministerios a futuras «rondas de consultas» para «desplegar una ampliación sustancial». Lejos de una apertura transversal inmediata, el calendario de aplicación en otros departamentos dependerá del consenso interministerial que se alcance. Por su parte, la acreditación de la experiencia emprendedora permanece todavía en la fase de «(nombre provisional) Certificado de Trayectoria de Desafío y Emprendimiento», y se articulará enlazándola con la plataforma de certificación laboral unificada del Ministerio de Empleo y Trabajo.

La evaluación de gestión diligente, activa desde 2016, es el mecanismo mediante el cual el Ministerio de Pymes «selecciona a candidatos para programas de rescate ofreciendo condiciones ventajosas de crédito y avales»; con la reforma, la ponderación abandonará el foco en la viabilidad técnica y comercial para «centrarse en la buena fe y el afán de recuperación». La repercusión efectiva del recorte administrativo dependerá de cuántos de esos 2.756 documentos dejen de ser presentados de facto por las empresas y cuántos formaban ya parte de los datos compartidos internamente por la administración. El proyectado Comité de Innovación Regulatoria para Startups y Capital Riesgo se definió como un foro donde «expertos del sector privado y las carteras ministeriales debatirán de manera conjunta fórmulas de racionalización». Las medidas destinadas a empresas emergentes correrán a cargo de la División de Políticas de Emprendimiento del Ministerio de Pymes y Startups, mientras que la reducción de trámites recaerá en la Dirección General de Coordinación de Políticas Regulatorias de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales.

Fuentes (KST)

• Comunicado de prensa del Ministerio de Pymes y Startups (publicado en Policy Briefing) · 2026-10-23 · Promoción de la racionalización regulatoria para startups con el fin de acelerar la transición hacia la era del emprendimiento nacional · https://m.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156786326&gubun=pressRelease&pageIndex=1&repCode=
• Noticias de políticas de Policy Briefing (Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales, Ministerio de Pymes y Startups) · 2026-10-23 · El apoyo a startups se prorroga hasta 5 años por servicio militar y parto… Se reducirán 2.756 documentos administrativos · https://m.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148974193&pageIndex=1&cateId=&repCode_P=&smenu=EDS01
• Noticias de políticas de Policy Briefing · 2026-10-23 · Presidente Lee: «Mejorar con audacia las regulaciones obsoletas que frenan a las nuevas industrias… Reforzar las normativas que sean necesarias» · https://m.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148974225&pageIndex=1&cateId=&repCode_P=&smenu=EDS01
• Noticias de políticas de Policy Briefing · 2026-10-20 · El presidente Lee presidirá la 2.ª reunión de la Comisión de Racionalización Regulatoria el día 23… Se debatirán megaproyectos y otros asuntos · https://m.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148973937
• Comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (publicado en el Centro de Información y Educación Económica del KDI) · 2026-06-18 · Resultados de la Evaluación de Competitividad Nacional 2026 del Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión (IMD): Corea se sitúa en el puesto 21 entre 70 países, un avance de 6 posiciones · https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=282936
• Comunicado de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas (publicado en el Centro de Información y Educación Económica del KDI) · 2026-06-24 · Celebración del Consejo Consultivo de Políticas de Competitividad Nacional · https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=283218
• Comunicado de prensa del Ministerio del Interior y Seguridad (publicado en el Centro de Información y Educación Económica del KDI) · 2026-10-19 · El Ministerio del Interior y Seguridad completa la simplificación de documentos de solicitud para 1.658 servicios administrativos... Alivio significativo de las molestias ciudadanas · https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=288245&pg=&pp=&device=&search_txt=&topic=&type=J&depth1=M0000&depth2=M0100