EE. UU. restringe visas a 21 colombianos y 40 bolivianos por corrupción y narcotráfico, incluidos un expresidente de la petrolera estatal y un legislador en funciones

Estados Unidos

El Departamento de Estado de EE. UU. anunció el 22 de octubre la imposición de restricciones de visa a 21 personas de Colombia y 40 de Bolivia, a quienes señaló de socavar a gobiernos democráticos del hemisferio occidental mediante la corrupción y el narcotráfico. Emitidas a través de dos declaraciones a nombre del secretario de Estado Marco Rubio, estas medidas impiden el ingreso a Estados Unidos. Se publicaron los nombres y cargos de siete colombianos y 15 bolivianos, abarcando una diversidad de funciones que incluyen a un expresidente de la empresa petrolera estatal, legisladores en funciones y un exfiscal general. El Departamento de Estado de EE. UU. explicó que esta acción constituye un seguimiento a la nueva política de visas anunciada el 28 de septiembre y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la declaración de líderes de Shield of the Americas.

Restricciones para 21 colombianos y 40 bolivianos, con los nombres de siete y 15 personas divulgados públicamente

El Departamento de Estado de EE. UU. abrió ambas declaraciones con la misma frase, señalando que está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en la región. A continuación, indicó la imposición de restricciones de visa de conformidad con la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad a 21 personas en Colombia y 40 en Bolivia. El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Tommy Pigott, también publicó ese mismo día en X que «una visa es un privilegio y no un derecho», anunciando las restricciones a los 21 colombianos, y difundió un mensaje por separado respecto a los 40 bolivianos.

En Colombia se hicieron públicos los nombres de siete personas: el expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa Barragan; el alcalde de Sincelejo Yahir Fernando Acuna Cardales; el senador electo Wadith Alberto Manzur Imbett; la representante a la Cámara electa Karen Astrith Manrique Olarte; los exsenadores Julio Elias Chagui Florez y Liliana Esther Bitar Castilla; y el exrepresentante a la Cámara y exalcalde de Envigado Jose Ignacio Mesa Betancur. El Departamento de Estado de EE. UU. señaló que sus familiares también están sujetos a las mismas restricciones.

En Bolivia, fueron 15 las personas identificadas públicamente. El Departamento de Estado de EE. UU. consignó junto con sus cargos a los diputados en funciones Rafael Dario Lopez Mercado y Rolando Santos Pacheco Chavez; al exfiscal general Juan Lanchipa Ponce; y al presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada Cerruti. Asimismo, figuraron en la lista un exfiscal del departamento de Beni; un fiscal coordinador de sustancias controladas en Santa Cruz; un exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras; un exjefe de seguridad aeroportuaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); el comandante de la Policía Departamental de Tarija y exdirector general de la FELCN, Freddy Bismarck Pereira Molina; la directora departamental del Servicio General de Identificación Personal en Santa Cruz; un exdirector de Migración; un exjuez de sentencia penal; una exfiscal coordinadora en La Paz; y un vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, además de un ciudadano particular. La declaración sobre Bolivia detalló que estas personas y sus familiares inmediatos son objeto de las restricciones. Entre los 15 señalados, la gran mayoría corresponde a legisladores en funciones y a funcionarios del ámbito judicial, fiscal y policial.

El número total reportado en los dos comunicados difiere de la cantidad de personas dadas a conocer por su nombre. En el caso de Colombia, se divulgaron los nombres y cargos de siete de las 21 personas, mientras que en Bolivia se publicaron 15 de 40. Con anterioridad, en el primer anuncio del 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. había identificado a 21 personas en Bolivia y a dos en Colombia. El grupo de 21 bolivianos se dividió entre 12 a quienes se les revocaron visas vigentes y nueve que no contaban con visa.

En ambos textos, el Departamento de Estado de EE. UU. explicó que estas medidas dan continuidad a los compromisos asumidos por los socios en la cumbre de Doral de marzo y en la declaración de líderes de Shield of the Americas del 22 de septiembre. Los compromisos posteriores a la cumbre de Doral derivaron en la declaración presidencial de septiembre, y el anuncio del 22 de octubre materializó esa declaración en una nómina concreta de restricciones de visa.

Las restricciones se fundamentan en la nueva política anunciada el 28 de septiembre y vetan también a familiares directos

La política que sirvió de base a estas restricciones de visa tuvo su origen en una declaración del portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. el 28 de septiembre. Aquel día, la entidad anunció una nueva política de restricción de visados al amparo de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, manifestando que, bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no podrán ingresar libremente a Estados Unidos. El objetivo recae sobre ciudadanos extranjeros y sus familiares directos que socaven a gobiernos democráticamente electos mediante la corrupción o el narcotráfico.

El Departamento de Estado de EE. UU. calificó esta política como una herramienta sostenible que permite actuar con rapidez y en estrecha coordinación con los socios conforme se reúnen pruebas. Asimismo, subrayó que los actos encaminados a debilitar a gobiernos democráticos constituyen una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas y no serán tolerados. Los primeros países a los que apuntó esta disposición fueron Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos ellos integrantes de Shield of the Americas.

El alcance de las primeras medidas varió según cada nación. En Bolivia se revocaron las visas existentes de 12 personas y se declaró inadmisibles a nueve que carecían de visado. En Colombia afectó a dos individuos: el Departamento de Estado de EE. UU. detalló la revocación de visas a Euclides Antonio Torres Romero, empresario privado al frente de un conglomerado en los sectores de energía, señalización vial y alumbrado público, y a Martha Isabel Peralta Epieyu, senadora de la coalición Pacto Histórico. En Ecuador involucró a dos personas y en Perú a un juez de la Primera Sala Constitucional de Lima.

Ese mismo día, el Departamento de Estado de EE. UU. designó públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por su implicación en hechos de corrupción significativa. Indicó que Mariaca, elegido en 2024 para un mandato de seis años bajo la presidencia del mandatario de extrema izquierda Luis Arce, solicitó y aceptó sobornos a cambio de facilitar el narcotráfico, incluso durante su desempeño previo como fiscal departamental de Santa Cruz. La diplomacia estadounidense consideró que el accionar de Mariaca pone en riesgo los esfuerzos del presidente Trump en el combate contra el narcoterrorismo y deteriora las instituciones democráticas que Bolivia, como participante de Shield of the Americas, busca consolidar. La designación se sustentó en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado para el Año Fiscal 2026, la cual instruye al secretario de Estado a sancionar a funcionarios extranjeros y a sus familiares inmediatos ante la existencia de información creíble de su participación en corrupción significativa o violaciones graves a los derechos humanos. Con esto, Mariaca y sus familiares directos quedaron, por norma general, inhabilitados para ingresar a territorio estadounidense.

En el pronunciamiento del 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. puntualizó que esta política articula con los compromisos de la declaración del 22 de septiembre, en la que se convino coordinar sanciones, designaciones y acciones financieras conjuntas contra terroristas y criminales. Las restricciones de visa representan, en este marco, el instrumento de control migratorio y fronterizo.

Los 15 países de Shield of the Americas acordaron el 22 de septiembre una respuesta conjunta frente a 24 grupos narcoterroristas

Esta disposición se enlaza con los compromisos alcanzados en la reunión de Shield of the Americas que tuvo lugar el 22 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. En la declaración conjunta para la defensa de la soberanía hemisférica, difundida por el Departamento de Estado de EE. UU. ese mismo día, estamparon su firma 15 gobiernos: Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Colombia y Bolivia figuraron entre ellos.

El documento estableció tres pilares fundamentales: economía, seguridad y coordinación multilateral. En el ámbito económico, se incorporaron la revisión de esquemas para la evaluación de inversiones y la diversificación de las cadenas de suministro de minerales críticos. En el eje de seguridad, se incluyó la articulación de sanciones, designaciones y medidas financieras frente a estructuras narcoterroristas armadas, a la par de un refuerzo en la aplicación civil de la ley. La declaración enfatizó además que la soberanía económica se resguarda cuando los capitales que ingresan a un país resultan transparentes y verificables. Los países participantes manifestaron también su propósito de estrechar el intercambio de inteligencia y ensanchar el acceso a capacidades y tecnologías de seguridad.

La primera acción concertada se enfocó en 24 organizaciones narcoterroristas. Los gobiernos suscriptores declararon que impulsarían, con apego a sus respectivos marcos legales internos, medidas tales como el congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado para integrantes y colaboradores de dichas estructuras, y la exigencia de responsabilidad penal para quienes proporcionen a sabiendas apoyo material. En el texto se contempló también el proyecto de solicitar de manera conjunta a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos la convocatoria de un órgano de consulta en los términos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río).

Durante su intervención en el encuentro de aquella jornada, el secretario Rubio aseveró que, a diferencia de los cárteles tradicionales del pasado, estas organizaciones han alcanzado altos niveles de sofisticación, llegando en ciertos casos a equipararse con Estados soberanos en recursos financieros, fuerza militar y capacidad para recabar inteligencia. Explicó que, puesto que estos grupos operan y cooperan a través de las fronteras, los Estados que buscan contenerlos deben actuar de manera unificada, premisa que dio origen a Shield of the Americas. El secretario añadió que las naciones pueden expresarse al unísono en el terreno económico y diplomático, e incluso votar de forma coordinada en foros internacionales. La imposición de estas restricciones de visa constituye una de las medidas concretas que traduce esa declaración en nombres específicos.

El Departamento de Estado de EE. UU. afirma su respaldo a ambos gobiernos en la erradicación de la influencia criminal de tribunales, policía y congresos

El eje rector de los comunicados del 22 de octubre fue el respaldo a las autoridades de ambos países. El Departamento de Estado de EE. UU. consignó que la administración Trump apoya al gobierno colombiano en sus propósitos de erradicar la influencia criminal de sus instituciones, incluidos los tribunales, la policía y el Congreso. La misma formulación se repitió en el comunicado referente a Bolivia. Asimismo, la entidad precisó que esta política se aplica sin importar la corriente política de los involucrados.

Los cargos que figuran en la lista responden a esa directriz. En el listado boliviano se encuentran funcionarios y exfuncionarios de la fiscalía, tribunales judiciales, la policía, el servicio migratorio y las dependencias de registro de identidad. En el caso colombiano, se incluyen legisladores en funciones y electos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, excongresistas, un alcalde municipal y el expresidente ejecutivo de la empresa energética estatal. Las declaraciones detallaron las identidades y cargos de los sancionados, citando como sustento jurídico la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Dicho precepto legal autoriza al secretario de Estado a denegar el visado cuando existan motivos razonables para considerar que la entrada o las actividades previstas de un extranjero en Estados Unidos acarrearían repercusiones graves y adversas para la política exterior del país. Las restricciones de visa constituyen medidas de inadmisión fronteriza, por lo que ninguna de las dos declaraciones incluyó órdenes de congelamiento de bienes ni formulación de cargos penales.

El Departamento de Estado de EE. UU. introdujo esta política el 28 de septiembre como un mecanismo ágil para intervenir conforme se acumulen pruebas, y en sus declaraciones del 22 de octubre reiteró que continúa expandiendo su campaña frente a la corrupción y el tráfico de drogas. Mientras que en septiembre se incluyó a Ecuador y Perú, las determinaciones más recientes se circunscribieron de forma exclusiva a Colombia y Bolivia.

Fuentes (KST)

• Departamento de Estado de EE. UU. · 2026-10-22 Colombia · https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/additional-visa-restrictions-on-colombian-individuals-to-defend-our-hemisphere-against-corruption-and-narcotrafficking/
• Departamento de Estado de EE. UU. · 2026-10-22 Bolivia · https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/10/additional-visa-restrictions-on-bolivian-individuals-to-defend-our-hemisphere-against-corruption-and-narcotrafficking/
• Departamento de Estado de EE. UU. · 2026-09-28 · https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/visa-restrictions-for-foreign-nationals-undermining-democratically-elected-governments-in-western-hemisphere-countries
• Departamento de Estado de EE. UU. · 2026-09-22 · https://www.state.gov/releases/office-of-the-spokesman/2026/09/joint-statement-on-defending-hemispheric-sovereignty
• X @statedeptspox · https://x.com/statedeptspox/status/2113344514777571467
• X @statedeptspox · https://x.com/statedeptspox/status/2113347304438858051